“El fiscal segundo delegado ante la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, doctor Germán Pabón, presentó el día de hoy una solicitud de audiencia preliminar ante los jueces penales municipales con función de control de garantías, para llevar a cabo la formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento en contra de los indiciados Liliana Pardo Gaona, ex directora del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, Inocencio Meléndez Julio, ex director técnico y ex subdirector jurídico del IDU, y Miguel Ángel Moralesrussi, actual contralor Distrital de Bogotá, por los delitos de: contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, cohecho propio, concusión y prevaricato por omisión.

Esta formulación de imputación es producto de la investigación penal que actualmente se adelanta, con motivo de las presuntas irregularidades relacionadas con los procesos de contratación de distintas obras públicas iniciadas en el año 2007, por parte del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, de Bogotá: fase III de Transmilenio, malla vial y valorización.

Además de los funcionarios públicos a quienes se formulará imputación en esta oportunidad, la Fiscalía investiga la responsabilidad de otras 33 personas entre servidores públicos, contratistas y particulares, respecto de los cuales sigue adelante la indagación.

Finalmente, es importante mencionar que paralelamente se estudian algunas solicitudes de aplicación de principio de oportunidad y la posibilidad de celebrar preacuerdos con varios indiciados”.

Iván Darío Gómez Lee manifestó en la Cariñosa de RCN que a la contraloría no se le ha pasado por la cabeza ni siquiera indagar los sobrecostos de la fase tres de Transmilenio, al punto que se han dejado vencer los términos procesales.

El auditor general agregó en Alerta Bogotá que de no adelantarse esa gestión presentará acciones populares en defensa de la moralidad y el patrimonio público a través de millonarias multas.

La decisión del comité fue tomada tras diferentes investigaciones y pruebas sobre la demora que se dio en el control de los diferentes contratos de las obras que se desarrollan en la ciudad.

RCN La Radio conoció que la sanción para Miguel Angel Moralesrussi será de tres meses, los cuales son prorrogables, mientras se aclara su situación jurídica.

Según el Contralor, el posible detrimento se origina por el atraso en la ejecución de las obras a pesar de que el IDU le entregó al contratista mas de 2 mil 600 millones de pesos como anticipo, los cuales a 15 días de terminarse el contrato no han sido invertidos.

Para la contraloría es preocupante que ante los reiterados incumplimientos del contratista, el IDU no ha adelantado el procedimiento de multa, según se establece ante el incumplimiento de una obligación contractual.

Julio Cesar Quintero por otro lado al referirse a las obras de la calle 26 dijo que ya solicitó a la aseguradora que respaldó al grupo Nule devolver los dineros que le dieron como anticipo porque ese dinero no se va ni se podrá perder porque hace parte de las las arcas de la capital colombiana.

Para finalizar el contralor general de la República atribuyó a una razón de peso la no elección del fiscal general de la República en la época Uribe y la ausencia de candidato por parte de la Corte Suprema en la elección de su sucesor.